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Breve historia del Poder Judicial

Del siglo XIX a la Reforma Judicial

Este texto hace un recuento breve de la historia del Poder Judicial en México. No pretende ser exhaustivo. Su propósito es explicar, en trazos gruesos, cómo se llegó a la Reforma Judicial de 2024. Del siglo XIX se toma la creación del amparo y la primera confrontación entre el Poder Judicial y el Legislativo, que muestra que dos poderes pueden chocar sin que uno intente modificar el diseño del otro. Del siglo XX, el presidencialismo, las facultades metaconstitucionales del Ejecutivo y la reforma de 1994. El siglo XXI cierra el recorrido con el regreso de un Ejecutivo que busca menos contrapesos y con la Reforma Judicial. El Dr. Angulo Nobara no es especialista en historia del derecho. Los hechos se apoyan en fuentes públicas citadas al pie; las opiniones del Dr. Angulo Nobara se presentan como tales.

I. El siglo XIX: el amparo y la primera tensión

Es lugar común afirmar que el juicio de amparo es una creación mexicana, y en buena medida lo es: aquí adquirió nombre, forma y alcance propios, y desde aquí influyó en otros países. Pero no surgió de la nada. Recogió ideas del constitucionalismo estadounidense y de la tradición española de protección frente a la autoridad. Su primera versión aparece en la Constitución de Yucatán de 1841, impulsada por Manuel Crescencio Rejón, que encargaba a los jueces amparar a las personas contra actos que violaran la Constitución y limitaba la protección a reparar el agravio de quien la pedía.¹ Ese rasgo, la relatividad de la sentencia, se volvió nacional con el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, a partir del voto particular de Mariano Otero; de ahí el nombre de «fórmula Otero».² La Constitución de 1857 llevó el amparo a sus artículos 101 y 102, y la de 1917 a los artículos 103 y 107.³ Ninguno de sus dos autores vio madurar la institución: Rejón murió en 1849 y Otero poco después.⁴ El desarrollo del amparo quedó en manos de los legisladores y, sobre todo, de los jueces.

Los jueces de amparo pronto fueron más allá de lo que la ley les permitía. El caso más conocido es el amparo de Miguel Vega, de 1869. La Ley de Amparo de ese año disponía, en su artículo 8, que no era admisible el amparo «en negocios judiciales». Aun así, la Suprema Corte amparó a Vega, a quien el Tribunal Superior de Sinaloa había impedido ejercer la abogacía. Los ministros que votaron a favor fueron acusados ante el Congreso, y el Congreso se negó, además, a aumentarles el sueldo.⁵ Hubo enojo, acusaciones y presión presupuestal, pero no se suprimió la Corte ni se limitaron los alcances del amparo. Con los años, el amparo contra resoluciones judiciales se volvió parte del sistema, y la Constitución de 1917 lo reconoció en su artículo 107.⁶

La Corte llegó a entrar también en la materia electoral. Con José María Iglesias en la presidencia del tribunal se desarrolló la tesis de la «incompetencia de origen»: una autoridad elegida o designada de manera ilegítima no era competente en los términos del artículo 16 de la Constitución de 1857, y sus actos podían combatirse en amparo. El caso emblemático es el amparo Morelos, promovido por hacendados contra la ley de hacienda del estado de 1873, en el que alegaron que un diputado había sido electo siendo jefe político y que el gobernador se había reelegido contra la Constitución local. Ignacio L. Vallarta, presidente de la Corte desde 1878, sostuvo la tesis contraria: la justicia federal no debía calificar la legitimidad de las autoridades de los estados. Su posición terminó por imponerse y la doctrina de la época concluyó que la Corte no podía conocer de asuntos electorales.⁷ A juicio del Dr. Angulo Nobara, ese criterio dejó a la justicia electoral en el vacío durante más de un siglo, hasta la creación de los tribunales electorales. Hoy el Tribunal Electoral es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y la Constitución excluye la materia electoral del amparo.⁸

En conclusión, la figura que en el siglo XXI enfrentaría al Ejecutivo y al Legislativo con el Poder Judicial nació en el siglo XIX y ya entonces causó tensiones. A juicio del Dr. Angulo Nobara, la diferencia está en el desenlace: aquella tensión terminó en el enriquecimiento de la institución, no en una modificación con el ánimo de diluir la capacidad protectora del juicio de amparo.

II. El siglo XX: presidencialismo y una justicia contenida

Tras la Revolución, el poder se concentró en el Ejecutivo. En mi opinión, desde la llegada de Álvaro Obregón la Presidencia fue sumando facultades constitucionales y metaconstitucionales para someter al Poder Judicial de la Federación, mientras los caudillos convertidos en gobernadores hacían lo propio en los estados. Las reformas a la Constitución lo muestran. El texto original de 1917 hacía elegir a los ministros por el Congreso, erigido en Colegio Electoral, entre candidatos propuestos por las legislaturas de los estados. La reforma de 20 de agosto de 1928 pasó el nombramiento al presidente de la República, con aprobación del Senado, y elevó a dieciséis el número de ministros.⁹ La de 15 de diciembre de 1934 llevó la Corte a veintiún ministros y fijó en seis años el encargo de ministros, magistrados y jueces, al ritmo del sexenio. La reforma de 21 de septiembre de 1944 suprimió ese plazo y devolvió la inamovilidad.¹⁰

La estabilidad que trajo Plutarco Elías Calles con la creación de un partido en el que todas las facciones revolucionarias tuvieran un lugar dio un poco de paz al país.¹¹ En mi opinión, esa paz exigía también que los contrapesos institucionales no fueran muy sólidos: la tranquilidad se buscó a través de la política y no del derecho.

La jurisprudencia de la época refleja ese clima. La Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación (1917-1957) y la Sexta (1957-1968) contienen criterios valiosos en muchas materias. La Séptima (1969-1988) y la Octava (1988-1995) dejan ver, a juicio del Dr. Angulo Nobara, un régimen que necesitaba orden y que era punitivo en materia penal, la expresión de mayor fuerza del derecho.¹² Hay numerosas tesis sobre la confesión y la confesión coaccionada que, en los hechos, convalidaban la arbitrariedad: una sostuvo que a la confesión coaccionada «debe dársele validez cuando se encuentra corroborada con otros datos»; otra, que la detención ilegal «no nulifica la confesión del inculpado».¹³ El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con ponencias del magistrado Gustavo Calvillo Rangel, fijó jurisprudencia en esa línea: si una confesión «es obtenida mediante golpes» y está corroborada con otros datos, «no por la actitud de los elementos de la policía se deberá poner en libertad» al responsable, y la confesión rendida ante una autoridad sin facultades para investigar «se convalida» si el inculpado la ratifica ante el Ministerio Público.¹⁴ No todo fue igual: en 1979 la Primera Sala de la Corte sostuvo lo contrario, que la veracidad posterior de la confesión no convalida la coacción.¹⁵ Pero la tendencia del periodo es clara.

Al mismo tiempo se consolidó la figura del abogado poderoso, al que después el argot llamó «abogánster». Bernabé Jurado es el ejemplo más citado: para ganar un asunto había que saber derecho, tener dinero y contar con relaciones políticas.¹⁶ La literatura ha retratado esa época. En El vendedor de silencio, Enrique Serna muestra la fuerza de la política sobre el derecho en el México de esos años, aunque la novela no se centra en abogados ni en juicios.¹⁷ Otros libros, como Morir en el golfo y La guerra de Galio, de Héctor Aguilar Camín, sí reflejan la antigua forma de hacer política en México.¹⁸ Hubo, por supuesto, muchas excepciones. El Dr. Angulo Nobara destaca la del jurista Guillermo Guzmán Orozco, magistrado de circuito y después ministro.¹⁹

III. 1994: la reforma que cambió a la Corte

Con el paso de los años, la academia, la oposición y un mundo distinto fueron abriendo el sistema y cerrando las facultades metaconstitucionales. En 1994, tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, Ernesto Zedillo llegó a la Presidencia.²⁰ Su reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, es, en opinión del Dr. Angulo Nobara, el verdadero punto de partida del Poder Judicial de la Federación moderno. La Corte quedó integrada por once ministros con un encargo de quince años, y se creó el Consejo de la Judicatura Federal como parte del Poder Judicial.²¹

La reforma también reforzó las controversias constitucionales y creó las acciones de inconstitucionalidad.²² Así nació una Suprema Corte con funciones de tribunal constitucional que conservaba las de tribunal supremo, pues siguió conociendo del amparo en casos excepcionales. No reunía todas las características de un tribunal constitucional en sentido estricto, como el que concibió Hans Kelsen: no estaba fuera del Poder Judicial ni se dedicaba solo al control de constitucionalidad.²³

Esa reforma trajo, o al menos provocó, la carrera judicial y una mayor independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación, lo que se reflejó en parte en los poderes judiciales locales. En los noventa, los abogados y las abogadas decían «estoy preparando el caso para el amparo». Con el Consejo de la Judicatura se fue afinando el concepto de carrera judicial y la administración se dividió: la Corte con su presupuesto y el Consejo con el del resto del Poder Judicial Federal.²⁴ El Poder Judicial ganó cada año independencia y profesionalismo, y crecieron también sus sueldos y su presupuesto.

IV. Pluralismo, órganos autónomos y la Novena Época

Mientras tanto, la Presidencia fue perdiendo facultades metaconstitucionales y las ideas de la academia ganaron espacio. Surgieron los órganos constitucionales autónomos, que fueron retirando decisiones al Ejecutivo y, con ellas, poder. El Banco de México, autónomo desde la reforma de 1993, es el primer ejemplo de una lista que creció en los años siguientes.²⁵ La pluralidad llegó también al Congreso: en 1997 el partido del presidente perdió por primera vez en más de cincuenta años la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.²⁶ La presidencia de Vicente Fox encontró muchos frenos en el Poder Legislativo. En diciembre de 2003 la Cámara de Diputados rechazó su iniciativa fiscal, que gravaba con IVA alimentos y medicinas;²⁷ su intento de abrir el sector eléctrico mediante la reforma de los artículos 27 y 28 constitucionales enfrentó la oposición de las bancadas del PRI y del PRD y no prosperó;²⁸ y el Congreso llegó a negarle permisos para salir del país, en 2002 y en 2006.²⁹ Aquí no se juzga si eso fue bueno o malo, pero en mi óptica, la democracia tiene un doble juego de colaboración o contrapeso de poderes. El caso Fox se podría ubicar en contrapeso democrático.

El Poder Judicial de la Federación vivió entonces un periodo especial con la Novena Época, iniciada en 1995.³⁰ A la Corte llegaron perfiles distintos. Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que venía del notariado, fue designado en enero de 1995.³¹ José Ramón Cossío llegó en 2003; fue el primer ministro designado para el periodo fijo de quince años que estableció la reforma de 1994, en cuya preparación había participado.³² José Fernando Franco González Salas fue recibido en diciembre de 2006³³ y Arturo Zaldívar en diciembre de 2009.³⁴ En aquellos años se hablaba de la «cuota» de ministros de carrera judicial y de los externos, y la academia estudiaba y clasificaba a ministras y ministros en ese sentido.³⁵

Esa Corte dejó sentencias que, a juicio del Dr. Angulo Nobara, explican por qué fue un periodo especial. En 2007 el Pleno invalidó partes de la llamada «Ley Televisa», entre ellas la subasta pública como forma de otorgar concesiones de radio y televisión.³⁶ En 2009 la Primera Sala amparó al director de un periódico condenado por publicar una entrevista sobre un presidente municipal, y sostuvo que quienes ejercen funciones públicas están sujetos a un escrutinio público intenso.³⁷ Ese mismo año, en el caso Acteal, la Sala concedió amparos, algunos con la liberación inmediata de los quejosos, porque las condenas se apoyaban en pruebas obtenidas de manera ilícita: lo contrario de la línea penal de la Séptima y la Octava Épocas.³⁸ En 2010 el Pleno reconoció la validez del matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal.³⁹ Y en julio de 2011, al definir cómo cumplir la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Radilla, aceptó el control de convencionalidad y cerró el fuero militar frente a violaciones de derechos humanos de civiles.⁴⁰

V. De 2018 a la Reforma Judicial

En diciembre de 2018 llegó a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador. Desde mi óptica, el nuevo titular del Ejecutivo tenía otra visión de país, lo que se demuestra con sus iniciativas. Entre ellas estaban la desaparición de los órganos constitucionales autónomos y la transformación del Poder Judicial de la Federación.⁴¹ Ahí está la semilla de la Reforma Judicial: una idea del Estado mexicano más cercana a la de Lázaro Cárdenas.

Arturo Zaldívar, además de buen jurista, tenía talante político. Como presidente de la Corte logró acercarse al Ejecutivo y alcanzar una paz política entre ambos poderes. Esa paz no duró. El 15 de noviembre de 2023 el Senado aprobó su renuncia como ministro, por 63 votos contra 43, pese a que el artículo 98 de la Constitución solo admite la renuncia por causas graves. Días después se informó que se integraría al equipo de «Proyecto de Nación» de la entonces precandidata presidencial de la coalición encabezada por Morena.⁴²

Durante buena parte del sexenio, la falta de votos en el Congreso impidió una reforma de fondo al Poder Judicial. En febrero de 2024 el presidente presentó un paquete de iniciativas, el llamado «segundo piso» de la Cuarta Transformación, que incluía la reforma judicial. Ya con la legislatura electa en junio de ese año, la reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, dos semanas antes del fin del sexenio.⁴³ Su rasgo central es la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces. Bolivia elige por voto popular a sus más altos tribunales desde 2011.⁴⁴ La diferencia es que ningún país había llevado la elección a todos los niveles de la judicatura, federal y local. La reforma creó, además, un Tribunal de Disciplina Judicial que puede sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación y pedir el juicio político de cualquier persona juzgadora electa, incluidos ministras y ministros, aunque a estos no los puede destituir.⁴⁵ A juicio del Dr. Angulo Nobara, la crítica de nepotismo que acompañó a la reforma se refería, sobre todo, a la contratación de familiares en secretarías, oficialías y puestos de confianza, un problema que el propio Poder Judicial ya atendía con reglas internas y con un padrón de relaciones familiares. El nuevo modelo es híbrido: las personas juzgadoras llegan por elección y el resto del personal sigue llegando por carrera o designación. Por eso, las cifras de nepotismo de antes y de ahora solo pueden compararse en el personal no electo, no en los cargos que hoy se votan. México innovó. Si esa innovación funciona, lo dirán los datos de esta página.

La ejecución del segundo piso de la Cuarta Transformación correspondió al gobierno de Claudia Sheinbaum, que inició el 1 de octubre de 2024 con los votos necesarios para reformar la Constitución. El 20 de diciembre de 2024 se publicó la reforma «en materia de simplificación orgánica», que suprimió diversos órganos autónomos.⁴⁶ La primera elección judicial se celebró el 1 de junio de 2025, y la reforma constitucional de 2 de junio de 2026 ajustó de nuevo el diseño y el calendario de las elecciones pendientes.⁴⁷

Las personas juzgadoras promovieron juicios de amparo contra la reforma. El amparo contra reformas constitucionales tenía antecedentes: los promovidos contra la nacionalización de la banca, el de Manuel Camacho Solís, el de los intelectuales contra la reforma electoral de 2007 y otros.⁴⁸ Lo nuevo fue la escala. La Suprema Corte de la nueva integración contó seiscientas diez suspensiones definitivas concedidas en esos juicios; al menos trescientas sesenta y cinco buscaron impedir que la reforma entrara en vigor.⁴⁹ A juicio del Dr. Angulo Nobara, nunca antes se había suspendido una reforma constitucional.⁵⁰ Algunas demandas pidieron, además, que los jueces revisaran si el poder reformador puede sustituir los principios que dan identidad a la Constitución, con el «juicio de sustitución» de la Corte Constitucional de Colombia, que en 2016 resolvió que una reforma que suprimía el autogobierno judicial había desbordado el poder de reforma.⁵¹ El Congreso respondió con otra reforma, publicada el 31 de octubre de 2024, que declaró improcedentes el amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad contra las reformas a la Constitución.⁵² Al final, la reforma se implementó a pesar de las suspensiones y el asunto siguió su rumbo hacia el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.⁵³

Cierre

Este recorrido empezó en 1869. Entonces la Suprema Corte amparó a Miguel Vega más allá de lo que la ley permitía; el Congreso respondió con acusaciones contra los ministros y con presión sobre sus sueldos, pero no suprimió la Corte ni restringió el amparo y tampoco modificó la Constitución para evitar que ello se repitiera. En cambio, aquella audacia judicial pasó a formar parte del sistema. En 2024, a juicio del Dr. Angulo Nobara, la tensión fue de otra naturaleza. La respuesta a una Corte y a unos jueces que habían frenado proyectos del gobierno no fue presionarlos, sino sustituirlos: se decidió renovar por elección a toda la judicatura y, cuando se concedieron cientos de suspensiones contra la reforma, el poder reformador declaró que las reformas a la Constitución no admiten amparo, controversia ni acción de inconstitucionalidad. Ahí está, en mi opinión, la diferencia entre los dos siglos: en el XIX el conflicto amplió el amparo; en el XXI lo cerró frente a la propia Constitución.

Una advertencia sobre posturas. Este texto mezcla dos cosas que el lector debe poder separar. La descripción, es decir, fechas, reformas, sentencias y cifras, se apoya en fuentes públicas citadas al pie, y lo que no pudo verificarse se dice. Las opiniones van señaladas con fórmulas como «a juicio del Dr. Angulo Nobara» o «en mi opinión». El Dr. Angulo Nobara tiene una postura sobre la reforma judicial, expuesta en la «Advertencia al lector» de esta página; este texto no pretende demostrarla, sino explicar cómo se llegó hasta aquí. Las visiones del Estado mexicano no están a juicio en esta página.

Así llegamos al objeto de estudio de este sitio: saber quién resuelve hoy los asuntos y con qué datos se puede evaluar la nueva justicia. Vamos a esperar a que el tiempo y los datos hablen.

Dr. Javier Cruz Angulo Nobara

Notas

1. SCJN, Centro de Estudios Constitucionales, La evolución jurisprudencial del juicio de amparo, 2025, pp. 41-42 (Constitución de Yucatán de 1841, arts. 8, 9 y 62, fr. I; Manuel Crescencio Rejón, 1799-1849, considerado creador del amparo contemporáneo). La redacción literal del art. 62 de 1841 no se cotejó con el texto original. https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2025-08/LaEvolucio%CC%81nJurisprudencialDelJuicioDeAmparo.pdf ↩
2. SCJN, Centro de Estudios Constitucionales, La evolución jurisprudencial del juicio de amparo, 2025, pp. 41-42 (voto particular de Mariano Otero, abril de 1847; Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, art. 25). Sobre el origen, el alcance y las paradojas de la fórmula Otero, véase María del Refugio González y Javier Angulo [Javier Cruz Angulo Nobara], «El principio de relatividad de las sentencias y la fórmula Otero», Revista Mexicana de Historia del Derecho, núm. 39, IIJ-UNAM, 2020, pp. 53-76, DOI 10.22201/iij.24487880e.2019.39.14443. https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/historia-derecho/article/view/14443 ↩
3. SCJN, Centro de Estudios Constitucionales, La evolución jurisprudencial del juicio de amparo, 2025, p. 44. La misma obra (p. 49) registra ocho leyes de amparo: 1861, 1869, 1882, 1897, 1908, 1919, 1936 y 2013. ↩
4. Año de muerte de Rejón: misma obra, pp. 41-42. La fecha de muerte de Otero no se pudo verificar en fuente primaria para esta edición. ↩
5. SCJN, Centro de Estudios Constitucionales, La evolución jurisprudencial del juicio de amparo, 2025, p. 132 (Ley de Amparo de 1869, art. 8; ministros que votaron a favor: Vicente Riva Palacio, Ignacio Ramírez, Joaquín Cardoso, Manuel Auza, Pedro Ordaz, José María del Castillo Velasco y Simón Guzmán). Esa página fecha el asunto en 1882; la publicación de la SCJN que se cita enseguida confirma que fue en 1869. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/documento/2016-10/PAG0741_1.pdf ↩
6. Valoración del Dr. Angulo Nobara. El texto original del art. 107 de la Constitución de 1917 no se cotejó para esta edición. ↩
7. Rodolfo Duarte Rivas, «Antecedentes históricos de la justicia político-electoral en México», en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Evolución histórica de las instituciones de la justicia electoral en México, 2002: apartados VII («La incompetencia de origen», p. 40), IX («El amparo Morelos») y XIII («El contrapunto de Vallarta»). Que la tesis de Vallarta terminó por imponerse es la lectura de la doctrina; no se cotejó en las resoluciones de la época. https://www.te.gob.mx/sites/default/files/publicaciones/file/evolucion.pdf ↩
8. CPEUM vigente, arts. 99, primer párrafo, y 107, primer párrafo (este último reformado en el DOF de 25-10-1993 y 06-06-2011), cotejados el 8 de octubre de 2026 en la edición de la Cámara de Diputados, pp. 100 y 112. La reforma de 22-08-1996 modificó, entre otros, los arts. 94 y 99; su texto no se cotejó. Antes, la reforma de 15-12-1986 eliminó el recurso de reclamación ante la Suprema Corte contra las resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados (Cámara de Diputados, Reformas constitucionales en orden cronológico). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm ↩
9. SCJN, art. 96 constitucional, texto original y reformas; Cámara de Diputados, Reformas constitucionales por artículo (art. 94: DOF 20-08-1928; art. 96: DOF 20-08-1928). https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/cpeum/documento/CPEUM-096_0.pdf https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm ↩
10. SCJN, art. 94 constitucional, texto original y reformas (DOF 15-12-1934 y 21-09-1944). https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/cpeum/documento/CPEUM-094_0.pdf ↩
11. El Partido Nacional Revolucionario (PNR) se constituyó el 4 de marzo de 1929, tras el asesinato de Álvaro Obregón (17 de julio de 1928). La organización por sectores llegó con su transformación en Partido de la Revolución Mexicana (PRM), el 30 de marzo de 1938, bajo Lázaro Cárdenas, con organizaciones obreras, campesinas, militares y populares; el PRI, fundado en enero de 1946, se organizó en los sectores obrero, campesino y popular (Milenio, «¿Por qué el PRI cambió de nombre dos veces?», 29 de septiembre de 2025). https://amp.milenio.com/politica/pri-por-que-cambio-nombre-partido-pnr-prm-historia ↩
12. SCJN, La Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación (2023), cuadro de épocas: Quinta, 1 de junio de 1917 a 30 de junio de 1957; Sexta, julio de 1957 a diciembre de 1968; Séptima, enero de 1969 a enero de 1988; Octava, desde el 15 de enero de 1988; Novena, Acuerdo 5/1995. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/publicacion/2023-03/UND%C3%89CIMA%20%C3%89POCA%20SJF_DIGITAL%20%281%29.pdf ↩
13. Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, tesis aisladas: «CONFESION COACCIONADA, DEBE DARSELE VALIDEZ CUANDO SE ENCUENTRA CORROBORADA CON OTROS DATOS», registro digital 211279, SJF, t. XIV, julio de 1994, p. 512 (Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito; ponente Gustavo Calvillo Rangel); «DETENCION ILEGAL. NO NULIFICA LA CONFESION DEL INCULPADO», registro digital 216939, SJF, t. XI, marzo de 1993, p. 265 (Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito). https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/211279 https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/216939 ↩
14. Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito: jurisprudencia VI.2o. J/346, «CONFESION COACCIONADA CORROBORADA POR OTROS DATOS», registro digital 209400, Gaceta del SJF, núm. 85, enero de 1995, p. 85 (cuatro de sus cinco precedentes con ponencia de Gustavo Calvillo Rangel); jurisprudencia VI.2o. J/10, «CONFESION ANTE AUTORIDAD INCOMPETENTE. RATIFICADA ANTE MINISTERIO PUBLICO SE CONVALIDA», registro digital 204877, SJF y su Gaceta, Novena Época, t. I, junio de 1995, p. 275 (primer precedente: amparo en revisión 340/88, ponente Gustavo Calvillo Rangel). https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/209400 https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/204877 ↩
15. Primera Sala, Séptima Época, «CONFESION COACCIONADA, INOPERANCIA DE LA», registro digital 234932, SJF, vol. 121-126, segunda parte, p. 54 (amparo directo 2343/78, 24 de enero de 1979). https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/234932 ↩
16. Bernabé Jurado es el personaje de la novela de Eugenio Aguirre, El aboganster (Planeta), que lo presenta como «leyenda negra» de su época. https://www.planetadelibros.com/libro-el-aboganster/118792 ↩
17. Enrique Serna, El vendedor de silencio, Alfaguara, 2019; Premio Xavier Villaurrutia 2019. Su protagonista es el periodista Carlos Denegri (Zeta, 23 de junio de 2020). https://zetatijuana.com/2020/06/premio-xavier-villaurrutia-para-enrique-serna/ ↩
18. Héctor Aguilar Camín, Morir en el golfo (Océano) y La guerra de Galio (Cal y Arena), novelas. Encyclopedia.com registra 1980 para la primera y 1990 para la segunda; otras referencias dan 1985 y 1991. La fecha de primera edición no se pudo verificar. https://www.encyclopedia.com/arts/educational-magazines/aguilar-camin-hector-1946 ↩
19. SCJN, «In memoriam. Ministro Guillermo Guzmán Orozco (1923-2010)», Informe Anual de Labores 2010, p. 636: ingresó al Poder Judicial de la Federación en 1945; fue magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de 1968 a 1982 y ese año fue nombrado ministro supernumerario, adscrito a la Sala Auxiliar; se jubiló el 10 de noviembre de 1993. En 1988 fue el primer jurista en recibir el Premio Nacional de Jurisprudencia de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/informe_labores_transparencia/anexo/2016-12/Memoriam_2010.pdf ↩
20. Hechos públicos notorios (marzo y diciembre de 1994); no se cotejaron en fuente primaria para esta edición. ↩
21. SCJN, art. 94 constitucional, reforma publicada en el DOF el 31-12-1994. Nota del Dr. Angulo Nobara: en su momento, la reforma de Ernesto Zedillo fue muy criticada; entre otras cosas, dio por concluido el encargo de los ministros en funciones y redujo la Corte de 26 a 11 integrantes (transitorios del decreto no cotejados para esta edición). ↩
22. Cámara de Diputados, Reformas constitucionales por artículo: el art. 105 se reformó en el DOF de 31-12-1994. El texto del artículo reformado no se cotejó para esta edición. ↩
23. En el modelo de Hans Kelsen, el control de constitucionalidad corresponde a un tribunal especial, distinto e independiente del legislador y de las demás autoridades del Estado, y no a los jueces ordinarios. Véanse Hans Kelsen, La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional), México, UNAM, 2001 (citada en la bibliografía de la obra de la SCJN de la nota 1, p. 47), y Antonio Manuel Peña Freire, «La defensa de la Constitución en tiempos del neoconstitucionalismo: ¿victoria kelseniana o ecos schmittianos?», Biblioteca Jurídica Virtual del IIJ-UNAM, pp. 271 y ss., en especial p. 273. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/16/7936/14_7936.pdf ↩
24. Valoración del Dr. Angulo Nobara sobre la práctica de la época. Cámara de Diputados registra reformas al art. 100 (Consejo de la Judicatura) en el DOF de 31-12-1994 y 11-06-1999; su texto no se cotejó para esta edición. ↩
25. Cámara de Diputados, Reformas constitucionales por artículo (art. 28: DOF 20-08-1993). ↩
26. Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, núm. 6421-II-5, 6 de diciembre de 2023, exposición de motivos de una iniciativa: «A partir de 1997, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados por primera vez en más de cincuenta años». https://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/65/2023/dic/20231206-II-5.html ↩
27. La Jornada, «Falso, que el país se acabe porque no se aprobó el paquete fiscal, dice», 13 de diciembre de 2003 (rechazo de la iniciativa fiscal que gravaba con IVA alimentos y medicinas). https://www.jornada.com.mx/2003/12/13/003n2pol.php?printver=1 ↩
28. La Jornada, «Frenarán los intentos de reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución, dicen», 15 de agosto de 2002. Que la reforma no se aprobó en el sexenio es hecho público notorio; no se cotejó en fuente primaria. https://www.jornada.com.mx/2002/08/15/008n2pol.php?printver=1 ↩
29. JURIST, «Mexican lawmakers bar Fox from travel abroad», 8 de noviembre de 2006: la Cámara de Diputados le negó el permiso para viajar a Australia y Vietnam; la nota recuerda que en abril de 2002 se le negó el de viajar a Estados Unidos y Canadá. https://www.jurist.org/news/2006/11/mexican-lawmakers-bar-fox-from-travel/ ↩
30. SCJN, La Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, cit. (Acuerdo 5/1995, de 13 de marzo de 1995). ↩
31. SCJN, versión taquigráfica de la sesión solemne de 30 de noviembre de 2012, despedida del ministro Aguirre Anguiano: fue notario público asociado durante casi veinte años «hasta enero de mil novecientos noventa y cinco cuando el Senado de la República lo designó Ministro». https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2016-11-03/30112012_0.pdf ↩
32. SCJN, versión taquigráfica de la sesión solemne de 29 de noviembre de 2018, despedida del ministro Cossío Díaz. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2018-11-29/29112018PL.pdf ↩
33. SCJN, versión taquigráfica de la sesión pública solemne de 14 de diciembre de 2006, en la que «se recibirá al nuevo ministro de la Suprema Corte, Fernando Franco». https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2016-10-27/PL061214Solemne_0.pdf ↩
34. SCJN, acta de la sesión pública solemne conjunta núm. 5, de 7 de diciembre de 2009, de recepción de ministros. https://scjn.gob.mx/sites/default/files/actas-sesiones-publicas/documento/2016-11-11/CONJUNTA%205%20-%207%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202009%20-%20RECEPCI%C3%93N%20DE%20MINISTROS%20SOLEMNE_0.pdf ↩
35. Sobre el debate entre ministros de carrera judicial y externos, Eduardo Romero Tagle, «El futuro de la Corte», blog El Juego de la Corte, Nexos (sin fecha visible; por su contenido, de 2010). Sobre los factores que han pesado en las designaciones de 1995 a 2021, incluidas las características de las personas nominadas, Alejandro Díaz Domínguez y Camilo Saavedra Herrera, «Determinantes de las designaciones de ministros de la Suprema Corte de Justicia de México, 1995-2021», Cuestiones Constitucionales, núm. 48, IIJ-UNAM, 2023, pp. 151-182. https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/el-futuro-de-la-corte/ https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/18039 ↩
36. SCJN, versión taquigráfica de la sesión pública del Pleno de 7 de junio de 2007, acción de inconstitucionalidad 26/2006, promovida por senadores de la LIX Legislatura contra las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión: resolutivo séptimo, que declara la invalidez, entre otros, de la porción del art. 17-G de la Ley Federal de Radio y Televisión que decía «…a través de subasta pública…» y de sus arts. 28 y 28-A (el contenido de esos artículos no se cotejó). Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2016-10-28/2007jun7_0.pdf ↩
37. SCJN, Dirección General de Derechos Humanos, resumen del amparo directo en revisión 2044/2008, Primera Sala, 17 de junio de 2009, ponente José Ramón Cossío Díaz: se otorgó el amparo al director del periódico, condenado por ataques a la vida privada; las personas con responsabilidades públicas están sujetas a «un escrutinio público intenso de sus actividades». https://scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/sentencias-emblematicas/resumen/2022-02/Resumen%20ADR2044-2008%20DGDH.pdf ↩
38. SCJN, Crónica de los amparos directos 9/2008, 16/2008, 10/2008, 8/2008 y 33/2008, «Violación al debido proceso en el caso Acteal», Primera Sala, 12 de agosto de 2009: se concedieron amparos lisos y llanos, cuyo efecto fue la liberación inmediata de los quejosos, y otros para efectos, a partir de la ilicitud de las pruebas y la presunción de inocencia. Transparencia: el Dr. Angulo Nobara fue abogado de la defensa en este caso, en primera instancia, apelación y amparo directo. https://scjn.gob.mx/sites/default/files/cronicas_pleno_salas/documento/2016-11/cr-acteal-C_0.pdf ↩
39. SCJN, acta de la sesión pública núm. 80 del Pleno, 5 de agosto de 2010, acción de inconstitucionalidad 2/2010, promovida por el Procurador General de la República contra la reforma al art. 146 del Código Civil para el Distrito Federal: el Pleno reconoció su validez por mayoría de ocho votos. Transparencia: el Dr. Angulo Nobara fue autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en este asunto. https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/actas-sesiones-publicas/documento/2016-11-14/80_5_DE_AGOSTO_DE_2010_0.pdf ↩
40. SCJN, expediente varios 912/2010, 14 de julio de 2011, ponente Margarita Beatriz Luna Ramos, engrose de José Ramón Cossío Díaz, publicado en el Semanario Judicial de la Federación en octubre de 2011, con las tesis «CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS…» y «FUERO MILITAR. NO PODRÁ OPERAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA FRENTE A SITUACIONES QUE VULNEREN DERECHOS HUMANOS DE CIVILES…». https://bicentenario.scjn.gob.mx/sites/default/files/documentos/2025-03/6_sentencia-radilla-sjf-octubre-2011.pdf ↩
41. Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, núm. 6457, 5 de febrero de 2024, iniciativas del Ejecutivo federal: anexo 15, en materia de reforma del Poder Judicial, y anexo 18, en materia de simplificación orgánica. https://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/65/2024/feb/20240205.html ↩
42. Zeta, «Senado acepta renuncia de Arturo Zaldívar, como ministro de la SCJN», 15 de noviembre de 2023; Zeta, nota de 27 de noviembre de 2023 sobre el equipo de precampaña, que lo menciona para el equipo de «Proyecto de Nación». https://zetatijuana.com/2023/11/senado-acepta-renuncia-de-arturo-zaldivar-como-ministro-de-la-scjn/ https://zetatijuana.com/2023/11/sheinbaum-presenta-equipo-de-precampana-delgado-coordinador-clouthier-vocera-adan-monreal-y-norona-operadores/ ↩
43. Cámara de Diputados, Reformas constitucionales en orden cronológico: decreto en materia de reforma del Poder Judicial, DOF 15-09-2024 (arts. 17, 20, 76, 89, 94 a 101, 105, 107, 110, 111, 113, 116, 122 y 123). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm ↩
44. Luis Pásara, Elecciones judiciales en Bolivia. Una experiencia inédita, resumen ejecutivo, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), p. 1. https://www.back.dplf.org/sites/default/files/resumen_ejecutivo_web.pdf ↩
45. CPEUM vigente, art. 100: el Tribunal de Disciplina Judicial puede «sancionar a las personas servidoras públicas» del Poder Judicial de la Federación y «solicitar el juicio político de las personas juzgadoras electas por voto popular ante la Cámara de Diputados»; sus sanciones pueden incluir destitución e inhabilitación, «con excepción de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Magistradas y Magistrados electorales, que sólo podrán ser removidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución». Cotejado el 8 de octubre de 2026 en la edición de la Cámara de Diputados, pp. 102-103. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf ↩
46. Cámara de Diputados, Reformas constitucionales en orden cronológico: decreto «en materia de simplificación orgánica», DOF 20-12-2024 (arts. 3o., 6o., 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134). ↩
47. Cámara de Diputados, Reformas constitucionales en orden cronológico: decreto en materia de reforma al Poder Judicial, DOF 02-06-2026 (arts. 35, 94, 96, 98, 100, 116 y 122, y transitorios Segundo, Cuarto y Octavo del decreto de 2024). La fecha de la elección de 2025 consta en la base del proyecto con fuentes del INE. ↩
48. El 9 de septiembre de 1999, al resolver el amparo en revisión 1334/98, promovido por Manuel Camacho Solís, el Pleno de la Suprema Corte determinó que el amparo procedía contra el procedimiento de reformas a la Constitución; el tema volvió al Pleno el 29 de septiembre de 2008 con el amparo en revisión 186/2008, contra la reforma electoral de 2007 (SCJN, acta de la sesión pública núm. 98, p. 7). En marzo de 2011 la Corte desechó la demanda de un grupo de intelectuales y abogados contra esa misma reforma (La Jornada, 29 de marzo de 2011). Los amparos contra la reforma de 1982 que nacionalizó la banca se citan de memoria: No se pudo verificar en el expediente. Transparencia: el Dr. Angulo Nobara promovió un amparo contra la reforma constitucional en materia de justicia para adolescentes, que resolvió un tribunal colegiado. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/actas-sesiones-publicas/documento/2016-11-10/98%20-%2029%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202008_0.pdf https://www.jornada.com.mx/2011/03/29/opinion/008o2pol ↩
49. SCJN, versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de 28 de mayo de 2026, p. 29, intervención de la ministra Batres Guadarrama en el amparo en revisión 555/2025: «En este tipo de asuntos llegaron a sumar seiscientas diez solicitudes de suspensión definitiva otorgadas; por lo menos hemos identificado trescientas sesenta y cinco que buscaron, justamente, impedir la puesta en vigor de la reforma judicial». https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2026-05-28/28%20mayo%202026%20-%20Versi%C3%B3n%20definitiva.pdf ↩
50. Valoración del Dr. Angulo Nobara, a partir de su experiencia como litigante en amparos contra reformas constitucionales; no se pudo verificar en una fuente pública. Un ejemplo de esas suspensiones: el 17 de octubre de 2024 la titular del Juzgado Decimonoveno de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, resolvió en un incidente del amparo 823/2024 que se había incumplido una suspensión provisional y ordenó retirar del DOF la publicación del decreto; la Presidencia anunció que no la acataría (Zeta, 18 de octubre de 2024). Noticia no verificada en expediente judicial. https://zetatijuana.com/2024/10/sheinbaum-no-eliminara-reforma-judicial-del-dof-denunciara-a-jueza-que-se-lo-ordeno/ ↩
51. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-285/16, 1 de junio de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez: concluyó que el Acto Legislativo 02 de 2015 («reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional») desbordó el poder de reforma, porque sustituyó parcialmente los principios de separación de poderes, autonomía e independencia judicial expresados en el autogobierno judicial previsto por la Constitución de 1991. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-285-16.htm ↩
52. Cámara de Diputados, Reformas constitucionales en orden cronológico: decreto «en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal», DOF 31-10-2024 (reforma el primer párrafo de la fracción II del art. 107 y adiciona un quinto párrafo al art. 105). ↩
53. El 30 de abril de 2025 el Cyrus R. Vance Center for International Justice presentó ante la Comisión Interamericana una petición en representación de 14 personas juzgadoras federales (Animal Político, 19 de mayo de 2026). Véase la nota 3 de la «Advertencia al lector» de esta página. https://grupoanimal.mx/politica/reforma-judicial-mexico-estado-incumple-plazo-cidh-cese-jueces ↩

Advertencia al lector

La postura del Dr. Angulo Nobara

1. La reforma judicial de 2024 ha recibido críticas amplias de la academia mexicana, de organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales. Buena parte de esa literatura sostiene que la reforma compromete la independencia judicial.¹
2. A mi juicio, la reforma no se ajusta a los estándares de independencia judicial que ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos² y considero alta la probabilidad de que México sea declarado internacionalmente responsable. Hoy los reclamos están ante la Comisión Interamericana; solo si esta somete un caso a la Corte, corresponderá a la Corte de San José decidirlo.³
3. Lo anterior es una opinión jurídica personal. Esta página no tiene por objeto demostrarla ni contrastar la teoría con la reforma.

Qué ofrece esta página

4. Esta página reúne datos duros sobre la reforma judicial. Es pronto para afirmar si funcionó o no. Sí pueden anotarse tres rasgos de su origen y diseño. Primero, el Estado mexicano reconoció ante la Comisión Interamericana que no existía un diagnóstico previo.⁴ Segundo, el modelo que resultó, en la Federación y en las entidades, no tiene equivalente en el derecho comparado: todas las personas juzgadoras se eligen por voto popular⁵ y los requisitos constitucionales para el cargo son mínimos: para ser jueza o juez de distrito basta un título de licenciatura en derecho con promedio de ocho, y de nueve en las materias afines, sin exigir práctica profesional; para la magistratura de circuito se piden tres años de práctica y para la Suprema Corte, cinco.⁶ Tercero, se creó un Tribunal de Disciplina Judicial que, además de vigilar el desempeño, ha revisado el sentido de las resoluciones: en febrero de 2026 inhabilitó por un año a un juez de distrito por amparos y suspensiones que concedió y que calificó de ilegales.⁷ El derecho internacional de los derechos humanos distingue entre corregir una sentencia, que corresponde a los recursos, y sancionar a quien la dictó, que solo procede por su conducta o su incapacidad.⁸
5. Con ese propósito se reunieron los datos de la Suprema Corte, del Tribunal de Disciplina Judicial y los Plenos Regionales, de los órganos del Poder Judicial de la Federación con sede en la Ciudad de México, el Estado de México, Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Veracruz, Nuevo León, Tlaxcala, Colima, Puebla, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Jalisco, y de los poderes judiciales de las primeras siete entidades federativas, de Colima, de Michoacán y de Jalisco (desde el 15 de octubre de 2026, también el de Tlaxcala; los de Puebla, Oaxaca y Chiapas se agregarán a más tardar el 15 de noviembre de 2026).⁹ La página busca que cualquier persona sepa quién juzga su asunto y pueda llegar al tribunal: domicilio, teléfono, oficialía de partes, horario, vacaciones y presentación en línea.
6. También se miden los costos del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales (tarjeta «¿Bajó el costo del Poder Judicial federal con la reforma?», en «La reforma judicial en cifras»), para saber si hubo el ahorro anunciado o si quedó en discurso.¹⁰ Se incluyen además encuestas de percepción del INEGI¹¹ y se publicarán los datos en formato abierto, útiles lo mismo para estudiantes y litigantes que para investigadores.
7. Aquí no hay condena ni aplauso a la reforma: hay datos. La evaluación de avances y retrocesos seguirá un método publicado antes de ver los resultados, con línea base, umbrales y estándares fijados de antemano, en tres capas separadas: datos duros, marco jurídico y percepción.¹² Se usará inteligencia artificial para procesar miles de datos y reducir la discrecionalidad, pero un algoritmo también puede tener sesgos; por eso se publicarán el método, los datos y las instrucciones empleadas, para que cualquiera pueda revisar y repetir el ejercicio. La conclusión irá firmada y separada del directorio.

Reglas de la página

8. Fuentes. Todo dato proviene de fuentes oficiales públicas y lleva su enlace. Lo que no pudo confirmarse dice «No se pudo verificar». Esos datos estarán completos a más tardar el 15 de enero de 2027, solo con fuente oficial; si alguno no puede confirmarse, se dirá por qué. La fecha de corte general de la página es el 17 de octubre de 2026 y la página se actualizará cada tres meses a partir de esa fecha; la siguiente actualización será el 17 de enero de 2027. Cada sección indica la fecha de sus fuentes.
9. Datos personales. Solo se publica información sobre la función pública de cada persona juzgadora. No se publica nada de su vida privada ni los nombres de quienes cubren guardias.¹³
10. No es asesoría jurídica. Domicilios, horarios y adscripciones cambian. Antes de presentar un escrito, confirme con el órgano; esta página no sustituye la revisión de los plazos legales.
11. Correcciones. Cualquier persona, incluidas las personas juzgadoras, puede pedir que se corrija un dato acompañando el documento que lo acredite, al correo contacto@conocetujuez.mx.
12. Uso de inteligencia artificial. Los datos se recopilaron con apoyo de herramientas de inteligencia artificial y cada uno se cotejó contra su fuente original antes de publicarse. La mascota de la página, Ligartija Juzgadora, y su currículum son una ficción: no describen a ninguna persona ni institución.
13. Transparencia del Dr. Angulo Nobara. Soy abogado litigante y litigo ante algunos de los órganos que aparecen aquí.¹⁴ Fui representante de la víctima en el caso Urrutia Laubreaux vs. Chile, que se cita en esta página. Este proyecto no recibe financiamiento de ninguna persona, institución, partido ni gobierno.
14. Espero que esta página les sea útil.

Dr. Javier Cruz Angulo Nobara

Ciudad de México, 6 de octubre de 2026

Notas

1. Por ejemplo: en la academia, los Foros sobre la Reforma Constitucional en materia de Justicia de la UNAM (inaugurados el 29 de julio de 2024), donde el rector Leonardo Lomelí Vanegas advirtió que la elección popular podría comprometer la independencia del Poder Judicial y Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que sometería a las personas juzgadoras a presiones políticas (El Imparcial, 29 jul 2024: https://www.elimparcial.com/mundo/2024/07/30/reforma-al-poder-judicial-unam-se-pronuncia-contra-eleccion-popular-a-favor-de-la-independencia/); en el sistema universal, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, que expresó su preocupación de que la reforma socavara la independencia judicial (Expansión, 1 ago 2024: https://politica.expansion.mx/mexico/2024/08/01/relatora-de-la-onu-externa-preocupacion-por-reforma-al-poder-judicial); y la Comisión Internacional de Juristas, «México: El Senado debe rechazar la iniciativa de reforma a la justicia que socava la independencia judicial», 9 sep 2024 (https://icj.org/wp-content/uploads/2024/09/MEXICO-press-release-spanish.pdf). ↩
2. Corte IDH: Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia de 31 de enero de 2001, Serie C No. 71; Caso Apitz Barbera y otros («Corte Primera de lo Contencioso Administrativo») vs. Venezuela, sentencia de 5 de agosto de 2008, Serie C No. 182; Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) vs. Ecuador, sentencia de 23 de agosto de 2013, Serie C No. 266; Caso López Lone y otros vs. Honduras, sentencia de 5 de octubre de 2015, Serie C No. 302; Caso Urrutia Laubreaux vs. Chile, sentencia de 27 de agosto de 2020, Serie C No. 409. Nombres y fechas cotejados en las sentencias publicadas por la Corte IDH (https://www.corteidh.or.cr) el 6 de octubre de 2026. ↩
3. El 30 de abril de 2025, el Cyrus R. Vance Center for International Justice presentó ante la Comisión Interamericana una petición en representación de 14 juezas, jueces, magistradas y magistrados federales; el Estado fue notificado el 15 de enero de 2026 y el plazo para responder venció el 15 de mayo de 2026 sin observaciones (Animal Político, 19 may 2026: https://grupoanimal.mx/politica/reforma-judicial-mexico-estado-incumple-plazo-cidh-cese-jueces). Conforme al artículo 61.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo los Estados partes y la Comisión pueden someter un caso a la Corte. ↩
4. En la audiencia sobre la reforma judicial del 191 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana (noviembre de 2024), el representante del Estado reconoció que «no existe un diagnóstico» previo, aunque sostuvo que desde 2017 hay análisis sobre la necesidad de reformar el Poder Judicial (La Razón, 13 nov 2024: https://www.razon.com.mx/mexico/2024/11/13/estado-mexicano-admite-ante-la-cidh-que-reforma-al-poder-judicial-se-hizo-sin-diagnostico/). ↩
5. Bolivia elige por sufragio universal a las magistraturas de sus altos tribunales (Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, art. 182), pero sus jueces ordinarios los designa el Tribunal Supremo a propuesta del Consejo de la Magistratura (arts. 184.5 y 195.7); fuente: Base de Datos Políticos de las Américas, Universidad de Georgetown (https://pdba.georgetown.edu/Comp/Judicial/Suprema/designacion.html y https://pdba.georgetown.edu/Comp/Judicial/Ordinaria/designacion.html). En los Estados Unidos, muchos estados eligen a sus jueces, pero los federales los nombra el presidente con la aprobación del Senado (Constitución de los Estados Unidos, art. II, sección 2). ↩
6. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, arts. 95, fracción III, y 97, segundo párrafo, fracción II, texto vigente (última reforma publicada en el DOF el 2 de junio de 2026), cotejado el 6 de octubre de 2026 en la edición de la Cámara de Diputados: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf. ↩
7. Se trata del titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, por resoluciones dictadas en asuntos de un exgobernador del estado, a partir de una queja presentada por un diputado federal (El Universal, 14 feb 2026, reproducida en https://es-us.noticias.yahoo.com/inhabilitan-a%C3%B1o-juez-concedi%C3%B3-amparos-143858193.html; Vanguardia, 14 feb 2026: https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/inhabilitan-a-juez-por-frenar-ordenes-contra-cabeza-de-vaca-tdj-acusa-actuacion-fuera-de-la-legalidad-GN19271142). El Tribunal sostuvo que no se trató de errores aislados sino de actuaciones fuera de la legalidad. La resolución no se localizó publicada en una fuente oficial: No se pudo verificar en el documento original. ↩
8. Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura (adoptados en 1985 y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 y 40/146), principios 4 («ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales») y 18 («Los jueces sólo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones»): https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary. Corte IDH, Apitz Barbera y otros vs. Venezuela, párr. 86: los recursos sirven para «controlar la corrección de las decisiones del juez inferior», mientras que el control disciplinario tiene como objeto «valorar la conducta, idoneidad y desempeño del juez como funcionario público». Ambas citas cotejadas en el original el 6 de octubre de 2026. ↩
9. Cobertura al 15 de octubre de 2026: Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Sexto, Séptimo, Décimo Primer, Décimo Tercer, Decimoquinto, Decimosexto, Vigésimo, Vigésimo Octavo, Trigésimo y Trigésimo Segundo Circuitos del Poder Judicial de la Federación, los órganos del Décimo Circuito con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, y poderes judiciales de la Ciudad de México, el Estado de México, Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Veracruz, Nuevo León, Colima, Michoacán y Jalisco. El Poder Judicial de Tlaxcala se agregó el 15 de octubre de 2026; los de Puebla, Oaxaca y Chiapas se agregarán a más tardar el 15 de noviembre de 2026. ↩
10. El 11 de septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que pidió a la Cámara de Diputados reducir en 15 mil millones de pesos el presupuesto 2026 del Poder Judicial porque «ya los salarios no están tan altos» (El Imparcial, 11 sep 2025: https://www.elimparcial.com/mexico/2025/09/11/pide-sheinbaum-que-se-le-quiten-15-mmdp-de-presupuesto-al-poder-judicial/). La tarjeta de costos ya está en «La reforma judicial en cifras». ↩
11. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) y Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), cotejadas con los documentos originales del INEGI; ver la pestaña «Percepción 2021-2026». ↩
12. Ver la tarjeta «Método de evaluación» en «Método», en el menú superior de la página. ↩
13. En el fuero local esos nombres no se publican; en el federal, los juzgados se turnan las guardias conforme a los acuerdos del Órgano de Administración Judicial (antes, del Consejo de la Judicatura Federal). ↩
14. En una búsqueda en internet todavía aparece la página del despacho ANCLA Abogados, que me menciona como socio. Por decisión de todos los socios, ya no formo parte de ese despacho. Este proyecto es personal: lo hago y lo firmo como persona física, no a nombre de ningún despacho. ↩